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Fuente : ICAL
Sacyl dedicará 40 millones a tratar a 2.400 enfermos de hepatitis C en Castilla y León con los medicamentos de última generación

La Consejería explica que se implantará el plan de forma progresiva y estima que la mitad de los pacientes recibirá tratamiento este año y el resto, en 2016

6 de abril.-  La Consejería de Sanidad estima que dedicará un mínimo de 40 millones de euros para tratar a 2.400 personas afectadas por el virus de la hepatitis C con medicamentos de última generación, que son las que se incluyen en los llamados grados de fibrosis F2, F3 y F4, siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos del plan nacional que ve en estos antivirales una forma de simplificar los tratamientos, aumentar las tasas de curación y retrasar la aparición de las complicaciones.

Se trata de una estimación pendiente de los últimos cabos que atarán el 20 de abril los consejeros de Hacienda con el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, pero que será muy difícil de rebajar ya que se ha hecho la cuadratura del círculo con la industria farmacéutica para lograr reducir el precio del tratamiento en 30.000 euros, es decir pasar de una media de 50.000 a una de 20.000 por paciente, según explicó a Ical el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.

A falta de cerrar las condiciones de financiación, en principio, la partida no se detraerá de los presupuestos de este año, sino que la Comunidad recibirá un préstamo a diez años a un interés cero para el período 2015 a 2017; un tipo de interés "muy reducido" para las siguientes anualidades -tipo al que se financia el Tesoro, que en estos momentos estaría en torno al 0,8 por ciento- y una carencia de dos años en la devolución. Es más, el Estado podría autorizar dotaciones adicionales a la Comunidad para financiar desviaciones en el objetivo de déficit de ejercicios anteriores.

Con estas reglas, que afectan a las autonomías que están adheridas al Fondo de Facilidad Financiera, caso de Castilla y León, es difícil que ninguna autonomía se niegue a cubrir la factura de estos medicamentos, aunque Sáez Aguado insiste en que se asume una hipoteca de futuro para la Comunidad por el "perverso" modelo de financiación, que no llega a cubrir los esfuerzos que las autonomías deben hacer para asumir el pago de nuevos medicamentos y prestaciones innovadoras, que son puntos flacos que explican los repuntes del gasto sanitario.

Aplicación progresiva

Aunque el Plan Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C ha entrado en vigor esta misma semana, el consejero precisa que se aplicará de manera progresiva, de modo que este año se podrán beneficiar de los tratamientos aproximadamente la mitad de los 2.400 afectados que residen en Castilla y León y el resto, el próximo ejercicio. Se trata, precisó a Ical, de una cuestión de lógica, toda vez que no se puede indicar el tratamiento de un día para otro. Se aplicará sin prisa, pero sin pausa, como ya se ha venido haciendo en los últimos meses con algunos pacientes, desde que en octubre la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos diera luz verde a la financiación del medicamento que ha provocado la ''''marea roja''''.

Lo que sí está ya activado es el protocolo de actuación, que marca los sistemas de seguimiento; la monitorización terapéutica de pacientes para obtener datos sobre eficacia y seguridad (está previsto que se active este martes, 7 de abril, e incluye datos clínicos y terapéuticos) y se ha fijado un sistema de intercambio de información permanente sobre pacientes tratados para velar por el sistema de financiación fijado con las farmacéuticas de los tres medicamentos que se incorporan.

En la negociación se han empleado las fórmulas de riesgo compartido, una ''''tarifa plana'''', que significa que el Sistema Nacional de Salud paga lo mismo a las farmacéuticas si el tratamiento dura las 12 semanas establecidas o si hay que ampliarlo a 24 semanas, y si se superan los plazos y la analítica no está libre de virus lo asume el laboratorio; el precio por volumen, de modo que baja con el aumento de pacientes; y se ha establecido un techo de gasto de 727 millones de euros, a pagar en tres años, lo que supone que por encima de este volumen los gastos son con cargo a las farmacéuticas.

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